Al menos 180 empleados de albergues para menores migrantes no acompañados financiados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del gobierno federal fueron despedidos en Arizona, informaron los mismos trabajadores.
Activistas de Arizona reportaron que lo mismo está ocurriendo en otros estados como Texas. En declaraciones enviadas a EFE, la oficina de ORR, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, se negó a comentar sobre los despidos.
Señaló que la agencia sigue comprometida a proporcionar asistencia a los menores migrantes no acompañados y sus familias. Sin embargo, en el albergue Casa Oracle, en Tucson, los empleados reportaron esta semana los despidos de unos 180 trabajadores.
«Es algo que temíamos y pasó», dijo a EFE Carmen Rodríguez, una de las trabajadoras que formó parte del recorte de personal.
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Rodríguez relató que desde que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, asumió la presidencia, el pasado 20 de enero, el número de menores migrantes no acompañados llegando al albergue disminuyó drásticamente, hasta que finalmente quedó vacío.
El albergue no ha cerrado, como tampoco lo hacen los de adultos, pues se prevé la llegada de otros migrantes.
La Administración Trump ha implementado nuevamente su política de ‘tolerancia cero’ en la frontera, impidiendo que los migrantes puedan solicitar asilo. Los están arrestando y deportando prácticamente de inmediato en la frontera con México.
Desde 1996, Southwest Key colabora con el gobierno federal en la operación de estos albergues donde se proporciona asistencia a niños migrantes menores de 18 años que cruzan la frontera sin la compañía de sus padres o un tutor legal.
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Los niños migrantes permanecen en estos albergues hasta que son entregados a un patrocinador, tutor o padre de familia.
De acuerdo con las más recientes cifras de ORR, en diciembre pasado un total de 6 mil 643 menores no acompañados se encontraban en estos albergues ubicados en Arizona, Texas y California.
Como parte de sus duras políticas migratorias, el Gobierno de Trump implementó también nuevas restricciones para la liberación de menores migrantes, exigiendo que todos los miembros adultos de los hogares patrocinadores tengan que someterse a un proceso de verificación de identidad y revisión de antecedentes criminales.
Algo que ha puesto en alerta a activistas debido a las intenciones del gobierno federal de deportar a migrantes indocumentados de forma masiva. Rodríguez indicó que ella ha tenido conocimiento de despidos similares en albergues en Texas.
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«Esto sin duda afecta el cuidado y la atención de los niños migrantes«, dijo Rodríguez, cuyas funciones incluían acompañar a estos menores cuando eran entregados a sus padres o tutores en diferentes ciudades del país. EFE
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