Las autoridades peruanas allanaron el sábado la vivienda de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y la sede presidencial, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz del uso de unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio.
En la madrugada la policía junto a la fiscalía ingresó a la casa de Boluarte, en Lima, y luego registró el palacio de gobierno, en busca de los relojes de alta gama cuyo origen la mandataria no ha precisado. «Vamos a hacer la revisión en palacio, a hacer el allanamiento según la orden judicial», dijo brevemente a los periodistas el coronel Harvey Colchado antes de entrar a la sede oficial.
Colchado se abstuvo de confirmar si en el primer allanamiento encontraron las joyas, aduciendo el carácter «reservado» de la investigación. Según un documento policial, en la diligencia intervinieron unos 40 agentes y fiscales. Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.
El rolexgate en Perú
Agentes rodearon a primer hora la vivienda de Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo, al este de Lima, y formaron una barrera humana para impedir el tráfico de vehículos en las calles. La irrupción al domicilio «tiene fines de registro e incautación», dijo la policía.
La intervención fue autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación. El sorpresivo allanamiento se efectuó luego de que la fiscalía no aceptara que la presidenta pidiera reprogramar una citación fiscal prevista para inicios de semana para mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición.
Si resultara acusada en este caso, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando «incapacidad moral». Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal sostén de la mandataria deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza difícil de concretar.
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