El Gobierno mexicano expresó su rechazo a las medidas antinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas, mediante su criminalización, tras la iniciativa de Ley SB4 aprobada el martes por el Congreso del estado de Texas, fronterizo con México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) denunció en un comunicado que dichas normas resultarán en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.
El martes, la Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el proyecto de Ley SB 4, que convierte en delito estatal menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en Estados Unidos.
Si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales el delito se convierte en grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
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El Gobierno mexicano apuntó que «reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir» las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio, pero «respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio».
En ese sentido, dijo, «rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano».
México expresó su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, esto «al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes«.
Además, reiteró «su rechazo a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso».
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Ante ello, la Cancillería instruyó a las 11 representaciones consulares en Texas, entre otras medidas, a aumentar sus encuentros con autoridades aliadas, legisladores y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia en el estado.
Además, de realizar jornadas informativas, ofrecer asesoría legal y migratoria gratuita, y reforzar la vinculación con la comunidad mexicana.
El Gobierno de México dijo que mantendrá sus esfuerzos con el de Estados Unidos para responder a los fenómenos migratorios, mientras que la SRE, a través de la red de consulados en Texas, «estará atenta para responder a cualquier violación por parte de las autoridades y explorará apoyar litigios estratégicos para salvaguardar sus derechos humanos».
En distintas ocasiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado durante este año su desacuerdo con las medidas antinmigrantes del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del gobernador de Florida, el aspirante presidencial republicano Ron DeSantis, mientras que ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su política migratoria. EFE
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