Un juzgado de Guatemala condenó a ocho años de prisión al expresidente Otto Pérez Molina, ya encarcelado, en otro de los casos de corrupción que lo obligó a renunciar en 2015.
La jueza Eva Recinos dictó la sentencia condenatoria luego de que el exgobernante aceptara la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.
«El acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable» de los tres delitos y se le impuso una condena de 16 años de cárcel, pero como se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos la pena se redujo a la mitad, precisó Recinos. El exmandatario además deberá pagar una multa de más de tres millones de dólares.
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La sentencia por el caso denominado «Cooptación del Estado», vinculado con el saqueo de fondos públicos, es la segunda impuesta a Pérez Molina en menos de un año. El expresidente, un general retirado, ya fue condenado a 16 años de prisión inconmutables el 8 de diciembre de 2022 por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas.
La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca, donde Pérez Molina se presentó con playera y saco negro. Tras la sentencia, el expresidente nuevamente fue enviado a prisión.
«Quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción» de una terminal en un puerto en el Pacífico, al sur de la capital, reconoció el exmandatario.
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«Si yo cometí una omisión, error o delito, estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas, pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude», agregó Pérez Molina.
Según la acusación, Pérez Molina integraba una estructura ilegal junto a su vicepresidenta Roxana Baldetti para recibir millones en sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas. Baldetti ya fue condenada en otros dos casos de corrupción.
Pérez Molina, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones. La Fiscalía local destapó los casos de corrupción con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado entre 2007 y 2019.
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