Normalistas vandalizaron Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero, durante una protesta contra el Ejército ante el próximo noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre.
Los jóvenes, acompañados de organizaciones sociales, se manifestaron al exterior del cuartel de las Fuerzas Armadas, ubicadas en inmediaciones de la autopista Del Sol que lleva al puerto turístico de Acapulco, al considerar que están implicadas en la desaparición ocurrida en Iguala en 2014.
Los manifestantes pintaron los muros de piedra del cuartel con frases como “Fue el Ejército» y “Ayotzi vive” entre otras. Además, quitaron una de las barricadas de la puerta principal para poder impactar una camioneta de una empresa de papas fritas que pretendían incendiar.
Al micrófono los estudiantes culparon a los militares de haber participado en la desaparición y de ocultar información clave para dar con el paradero de sus compañeros, como señaló el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al finalizar sus discursos, los manifestantes lanzaron petardos y rocas hacia el interior del cuartel y a la camioneta que pretendían quemar. Sin embargo, desde el interior, las autoridades disuadieron la protesta con bombas de gas lacrimógeno.
El viento provocó que el gas se dispersara a un barrio cercano, donde los docentes evacuaron a niños de educación primaria y preescolar al presentar intoxicación, ojos llorosos y sensación de asfixia, por lo que también llegaron paramédicos para atenderlos.
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De acuerdo con su calendario de actividades, el 16 de septiembre marcharán en Chilpancingo hasta la autopista Del Sol “En Honor y Dignificación por los 43 Compañeros”.
Posteriormente sus actividades se trasladan a Ciudad de México, donde harán plantones frente a la Fiscalía General de la República (FGR) y protestarán para exigir que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumpla su promesa de resolver el caso.
La polémica por Ayotzinapa crece porque queda un año para que López Obrador cumpla su promesa de resolver el caso durante su Gobierno, que concluyó el año pasado que fue un «crimen de Estado» en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
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El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada «verdad histórica», que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula. EFE
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