Una jueza dictó un fallo condenatorio en contra de tres implicados en el asesinato de la periodista María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo de 2020 en el municipio de Papantla; en este caso fueron detenidos seis implicados, pero el autor intelectual sigue prófugo y no hay orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con lo informado por la organización Propuesta Cívica, que fungió como asesora legal de la familia Ferral, la jueza de Enjuiciamiento Gabriela Ordorica, encontró culpables a Alfredo Pérez Jiménez, Othoniel Hernández Cano y Carlos Pérez Jiménez de haber participado al prestar ayuda y auxilio para vigilar, para que los autores materiales pudieran perpetrar el crimen.
En un extenso comunicado, Propuesta Cívica explicó que fueron desahogadas diversas pruebas testimoniales, periciales y documentales que constituyeron una prueba suficiente para acreditar que el homicidio de María Elena Ferral fue derivado de su labor periodística.
“En juicio oral se logró acreditar que María Elena, previo a su homicidio fue víctima de diversas amenazas ejecutadas por Basilio N, quien ha sido identificado por la Fiscalía como probable autor intelectual del asesinato”, señala la organización, que trabajó junto con Reporteros sin Fronteras en esta asesoría.
Propuesta Cívica refirió que solicitó a la Jueza dictar una sentencia condenatoria con perspectiva de libertad de expresión y de género, en el que se establezca que Ferral fue asesinada como represalia a su labor periodística.
En unos días más será anunciada la sentencia en contra de las tres personas encontradas responsables de este hecho, aunque cabe hacer mención que durante las audiencias del caso fue revelado que al exdiputado Basilio N, presunto autor intelectual del asesinato de María Elena Ferral, no le ha sido librada orden de aprehensión por estos hechos, aunque sí están fundados los señalamientos en su contra.
Basilio Picazo fue integrante de la 66 Legislatura en el Congreso de Veracruz por el Partido Acción Nacional, pero su militancia era priista. Durante años María Elena Ferral tuvo conflictos con la familia del legislador por el dominio que tenían sobre el municipio indígena de Coyutla, en la sierra del Totonacapan.