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Alejandra Cullen, analista política, consideró que a fin de preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver a la brevedad sobre la constitucionalidad y validez del “plan B” de “reforma electoral”; es decir, antes de junio de 2023. El llamado “plan B” será la reforma electoral más impugnada en el poder Judicial, por la premura con la que fue aprobada por el Congreso, pero también por sus alcances y posibles repercusiones en el diseño institucional para organizar elecciones en el país.
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