Diego Fernández de Cevallos, en su bitácora de la resistencia, explicó que la partida alcanza su recta culminante, muchas piezas de la democracia mexicana quedaron fuera de los escaques o están comprometidas, y su ficha principal, el Instituto Nacional Electoral (INE), se encuentra acorralada: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lanzado su jugada: el “Plan B”, un conjunto de leyes secundarias que inhabilitan presupuestal y operativamente a la autoridad electoral. En razón del Plan B de AMLO, se planteó fijar como tiempo límite hasta 90 días naturales para que la Corte resuelva controversias constitucionales.
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