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Condenan en Costa Rica a «La Reina del Sur»

Un tribunal de Costa Rica impuso este viernes 19 años de prisión a la narcotraficante Cristel Yariella Gómez Espinoza, apodada en su país la Reina del Sur, en un juicio que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad por amenazas a jueces y que terminó con insultos a los togados.

La narcotraficante fue condenada por los delitos de tráfico internacional de drogas y asociación ilícita, según la resolución leída por Cristian Espinoza, juez presidente del Tribunal Penal de la capital San José que también sentenció a otros 23 integrantes de la banda.

Algunos condenados lanzaron insultos contra el tribunal y la prensa al escuchar la sentencia, y entre forcejeo con agentes de seguridad fueron retirados de la sala.

El juicio, considerado uno de los más extensos en la historia judicial costarricense, se inició en agosto de 2021, dos años después de la captura de Gómez en un centro comercial de la provincia de Puntarenas.

Otros 13 acusados se acogieron a un proceso abreviado, por lo que ya fueron juzgados.

Gómez, de 27 años, y el resto de los condenados, pertenecían a una banda de narcotraficantes que fue liderada por Erwin Guido Toruño, alias Gringo, asesinado por rivales en diciembre de 2017 y con quien tuvo una relación sentimental.

La Reina del Sur costarricense era la principal proveedora de cocaína de la banda, al facilitar el trasiego de droga desde el poblado de Paso Canoas, fronterizo con Panamá, y además compraba armas para el grupo.

En el 2015 fue condenada a 15 años de prisión por traficar heroína, pero se le dejó en libertad tras una apelación.

La banda del Gringo fue desarticulada en 2018 y este viernes las penas más altas se dictaron contra sus antiguos líderes, de apellidos Umaña Gómez y Díaz Noreña, quienes recibieron 146 y 126 años de cárcel, respectivamente. 

Ambas penas fueron rebajadas a 50 años, el máximo que permite la legislación penal de Costa Rica.

El juicio se realizó en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) protegido por unidades caninas y  un centenar de oficiales judiciales y policías debido a que jueces, fiscales, defensores e incluso imputados recibieron diversas amenazas durante el proceso.

 

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Héctor García

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