Estados Unidos acogerá a 20 mil refugiados de América Latina en 2023 y 2024, y desembolsará 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región, mientras que México duplicará los permisos de trabajo fronterizos, anunció ayer la Casa Blanca.
La IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles culminó ayer con una expresión colectiva de «crear condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular y fortalecer los marcos de protección internacional y cooperación».
La llamada «Declaración de Los Ángeles» aparece como adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de las naciones asistentes, incluso México y Honduras, ausentes por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, o El Salvador y Guatemala, por razones políticas propias.
Estados Unidos se compromete a abrir las puertas a 20 mil personas, es decir, el triple de refugiados acogidos este año.
El gobierno de Joe Biden se propone asimismo «aumentar» la acogida de refugiados haitianos, sin dar cifras, y otorgará 11 mil 500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y Centroamérica ante la escasez de mano de obra.
Por otra parte, anunció 314 millones de dólares en nuevos fondos para «ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo de refugiados y migrantes vulnerables» en América Latina, incluido un programa para venezolanos que han emigrado a 17 países de la región.
Según el comunicado sobre la Declaración de Los Ángeles, México aumentará de 10 mil a 20 mil el número de Tarjetas de Trabajador Fronterizo, que permite residir en un estado y trabajar en otro.
El texto de la declaración enumera algunas de las medidas que asumirán los países, como reclamaba el gobierno de Biden para «compartir responsabilidades».
«La migración debe ser una elección voluntaria e informada y no una necesidad», indica la declaración, que sin embargo reconoce que es un tema, especialmente la migración irregular, que sólo puede ser encarado con un enfoque regional.
Los firmantes se comprometieron a proteger la seguridad y dignidad de todas las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas, al margen de su estatus migratorio.
Como observador, España prometió «duplicar» el número de vías legales para los trabajadores hondureños.
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