Catedráticos de la UNAM, del Cinvestav, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana, condenaron las acusaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fiscalía General de la República contra 31 investigadores del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
A través de una carta firmada por 614 catedráticos exigieron atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que determinó que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020.
Los firmantes consideran las acusaciones “injustas” e “inaceptables”, y exigieron el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos.
Consideraron que se trata de acciones de represión y convocaron a la comunidad académica a unirse a esta demanda solidaria.
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Entre los firmantes están Alejandro Frank, físico y miembro de El Colegio Nacional; el economista Alfredo Camhaji, Alma Maldonado, del Cinvestav; Felipe Neri López Veneroni, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Gloria Soberón Chávez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas; José Sarukhán, del Instituto de Ecología, y Judith Zubieta, del Instituto de Investigaciones Sociales.
También firmaron Julieta Fierro, del Instituto de Astronomía; Susana Quintanilla, del Cinvestav; Anne Johnson, de la Universidad Iberoamericana; Francisco F. Pedroche, de la UAM – Lerma; Gustavo Cantero Meza, UAM – Iztapalapa, y José Ignacio Ponce Sánchez, de la UAM – Xochimilco.
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Lo cierto es que existen reglamentos y procesos que delinean el curso que debe llevar el funcionamiento y disciplina de cualquier ente gubernamental, mismos que deben respetarse. Sólo es cuestión de presentarse y aclarar dichos señalamientos para responsabilizar en la medida que corresponda a cada quién.