La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a los rumanos Mihai Ghiata y Iulia Iancu, quienes probablemente están involucrados en diversos delitos y a los que se investiga para saber si guardan relación con Florian Tudor, presunto líder de una red criminal que opera en la Riviera Maya.
Mihai Ghiata cuenta con una ficha roja emitida por Interpol por ser miembro de un grupo dedicado al fraude y falsificación de medios de pago electrónicos en diversos países de Europa.
De acuerdo con funcionarios federales, los detenidos manejan un esquema de hackeo y blanqueo de capital muy sofisticado con criptomonedas y fraude electrónico denominado phishing (método para engañar a las personas y hacer que compartan contraseñas, números de tarjetas bancarias e información confidencial mediante correos electrónicos o llamadas).
La detención de estas personas derivó por trabajos de inteligencia realizados por la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Elementos de la Policía Federal Ministerial encabezados por el Ministerio Público Federal ejecutaron órdenes de cateo en diversos domicilios de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, donde detuvieron a estas personas de origen rumano.
El 15 de julio se llevaron a cabo tres diligencias en domicilios de Cabo San Lucas, donde en uno de ellos, localizado en colonia Residencial El Tezal, fueron detenidos las dos personas.
En dichos inmuebles se aseguraron también, equipos de cómputo, diversos dispositivos de almacenamiento, numerario, narcótico, dispositivo lector de bandas magnéticas, teléfonos celulares y servidores de red; estos indicios se relacionan con hechos fuera de los parámetros legales vinculados con robo y clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y hackeo de cuentas identificados en la investigación de origen.
La FGR indicó que continuará con la pesquisa para determinar si estos ciudadanos rumanos tienen relación con otros grupos delictivos identificados con el mismo modus operandi en el país.
Ambas personas fueron presentadas ante un juez de control, por lo que se les vinculó a proceso y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijaron tres meses para la investigación complementaria.
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