Un juez federal admitió a trámite un amparo que interpuso Marielle Helene Eckes, esposa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien pidió la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) busque cumplimentar en su contra.
Helene Eckes enfrenta dos órdenes de captura, libradas en 2019, una por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado del caso Odebrecht, y otra por una supuesta defraudación fiscal.
Estos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que se pueden enfrentar en libertad.
En su petición de amparo, la esposa del ex funcionario federal reclamó cualquier orden de aprehensión, comparecencia, así como su ejecución.
Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dio entrada a la demanda de garantías, pero no otorgó alguna suspensión provisional porque no fue solicitada por ella.
Asimismo, el juez Antonio González García, fijó el próximo 4 de marzo a las 12 horas para que se lleve a cabo la audiencia constitucional, “la cual, de resultar necesario, tendrá verificativo sin presencia física de las partes; quienes, de estimarlo procedente, podrán ofrecer por escrito las pruebas o alegatos que estimen conducentes”.
Además el juez en materia de amparo solicitó a las autoridades responsables que en un plazo de 15 días rindan un informe justificado en el supuesto de que los actos reclamados por la promovente sean ciertos, remitan copia certificada completa y legible de las constancias que lo soporte y que resulten necesarias para la solución del juicio constitucional; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de acuerdo al numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización.
En agosto pasado la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, le negó la protección de la justicia a Marielle Helene Eckes. En ese entonces argumentó que la orden de aprehensión estaba justificada y no violaba su garantía al debido proceso, así como los principios de libertad, legalidad y seguridad jurídica.
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