García Cabeza de Vaca pide a la Cámara de Diputados desechar solicitud de desafuero

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió a la Cámara de Diputados desechar la solicitud de desafuero presentada en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando violaciones a sus derechos humanos durante la tramitación de las carpetas de investigación que originan la petición del Ministerio Público.

García Cabeza de Vaca entregó hoy a la Secretaría General en el Palacio de San Lázaro un documento de dos páginas, en el que califica de infundadas las imputaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada que le hace la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En este documento, el gobernador de Tamaulipas informó que por notas periodísticas conoció que el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación Alteración de Moneda, de la Fiscalía General de la República, presentó un escrito con la solicitud de “declaración de procedencia” en su contra.

Denunció además que el Ministerio Público Federal le ha negado la posibilidad de comparecer para conocer las acusaciones en su contra y ejercer su derecho a la defensa.

“Lo anterior constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, ya que no se me permite conocer las imputaciones en mi contra, defenderme de ellas y ofrecer datos de prueba para acreditar mi inocencia”, puntualizó.

Solicitó por ello a la Cámara de Diputados una copia de la solicitud de declaración de procedencia y los documentos anexos a ella.

“Derivado de las violaciones a mis derechos humanos durante la tramitación de la o las carpetas de investigación que originan esa solicitud, desechar de plano la misma”, demandó el gobernador.

“Hago notar que en términos del artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades y como esa H. Cámara, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, subrayó.