Tomás Zerón pierde juicio para recuperar escoltas

El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio, no podrá recuperar el servicio de escoltas que lo protegían a él y a su familia, luego que la jueza Laura Gutiérrez, Séptima de Distrito en Materia Administrativa, así lo determinará.

Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa, determinó negar la protección de la justicia al quejoso, tras un juicio que duró un año y medio, el cual se suspendió por meses, debido a la pandemia por covid-19.

La juzgadora sólo dio a conocer el sentido del fallo, pero hasta el momento no hecho pública la versión de la sentencia.

En su momento, Laura Gutiérrez de Velasco le otorgó una suspensión definitiva que ordenó restituir al personal asignado para su protección, pero ahora le negó el amparo. En septiembre, Zerón de Lucio promovió en otro juzgado una demanda de garantías contra el retiro de escoltas.

Reclamó que el 8 septiembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) le retiró la protección con que contaba, de 24 elementos, cuatro carros blindados y cuatro más de seguimiento, pese a existir un acuerdo que le garantizaba protección hasta septiembre de 2021.

En un inicio, Juan Carlos Guzmán Rosas, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, le concedió una suspensión provisional para que no se le retirara la protección, pero después le negó la suspensión definitiva, por lo que se quedó sin escoltas.

En enero de 2019, la FGR ordenó disminuir a 15 el número de agentes para proteger a Tomás Zerón, y a tres el número de vehículos blindados, dos ligeros y una motocicleta.

Sin embargo, el ex director de la AIC se amparó y señaló que existía un acuerdo emitido el 29 de septiembre de 2016 que ordenaba mantener su servicio de escoltas hasta septiembre de 2021.

En la actualidad el ex funcionario se encuentra prófugo de la justicia luego de que en septiembre pasado un juez de control federal del Reclusorio Oriente libró una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia relacionados con el caso de Ayotzinapa.