La Cámara de Diputados aprueba sanciones a quienes con fines de lucro tomen casetas

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, para sancionar a quienes con fines de lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.

Con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, se avalaron en lo general las reformas al artículo 533 y la adición de un artículo 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que garantizan la seguridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y abonan a resguardar los recursos del erario público.

Al fundamentar el dictamen y desde plataforma digital, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), precisó que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de derecho en las vías generales de comunicación.

Mencionó que se sanciona a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.

Se busca que quien interrumpa la prestación de servicios u operación de carreteras, vías férreas y aeropuertos se les imponga un castigo; se establecen agravantes para sancionar con mayor fuerza cuando tienen fines de lucro. La seguridad e integridad de los usuarios de carreteras de cuota está en constante riesgo, pues al no cubrir la cuota de peaje no se cuenta con una póliza de cobertura ni están protegidos ante accidentes viales.

El diputado Víctor Manuel resaltó que el bloqueo de los servicios de peaje es un negocio inmenso, “es un nuevo huachicoleo; en promedio, grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor afluencia como la de Tlalpan, en la Ciudad de México, puede ser por arriba del millón de pesos”.

Reiteró que no se criminaliza la libre manifestación y anunció que se presentará una reserva para reforzar el respeto a las garantías constitucionales, establecidas en la Carta Magna, en donde se mantienen las penas como se encuentran actualmente a la ley vigente.

El propósito de estas reformas, recalcó, es castigar a quien con fines de lucro interrumpen el tránsito de los medios de transporte y así cuidar la seguridad e integridad de los usuarios y de la ciudadanía en general, la transportación de mercancía y la economía nacional.