La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció una sanción de 10 años de inhabilitación al extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, por conflicto de interés durante su desempeño al frente de dicha Comisión.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval, subrayó que “para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”.
Abundó que, en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación. La secretaria Irma Eréndira Sandoval sostuvo que “durante el anterior régimen se intentó desaparecer Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, ante lo cual era prioritario avanzar en su rescate por su carácter estratégico para lograr el desarrollo sostenible y soberano de nuestro país”.
Por ello, dijo, “trabajamos para moralizar la política y construir una nueva ética pública en la que no quepan el auspicio de los intereses privados ni las componendas entre servidores públicos y particulares, ya que la Cuarta Transformación no va a someter el desarrollo del país al rentismo ni al favorecimiento de unos cuantos”.
La sanción al expresidente de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.
Al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía.
La Secretaría de la Función Pública respetó a lo largo de todo el procedimiento el derecho a una defensa adecuada por parte del ex servidor público sancionado, quien siempre tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.
Fuente: Staff
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