Una juez federal otorgó una suspensión definitiva a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que ordena suspender el proceso que enfrenta por el presunto delito de falsedad de declaraciones, en el asunto relacionado con un desvío de 185 millones de pesos.
González Tiburcio fue funcionario cercano a Rosario Robles, ex titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social y Sedatu. En la Sedesol fue su coordinador de asesores; cuando la secretaria fue nombrada titular de Desarrollo Agrario, él fue designado subsecretario.
El quejoso promovió un amparo contra la resolución emitida el 31 de agosto de este año, cuando en audiencia Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, rechazó cancelar su proceso.
Enrique González pidió el sobreseimiento del caso porque la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó la acusación formal en el plazo que tenía para hacerlo, es decir, 15 días que marca la ley.
Sin embargo, el juzgador consideró que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) otorga un plazo similar para que el titular de la FGR o el funcionario a quien haya delegado esa facultad puedan presentar la acusación.
Ahora, Sandra Leticia Robledo Magaña, juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó conceder la suspensión definitiva, resolución que impide la continuación del proceso.
La juzgadora deberá primero pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, si concede el amparo o no al ex subsecretario.
“(…) Se concede la suspensión provisional, a Enrique González Tiburcio, para el efecto que: El procedimiento continué hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia, momento a partir del cual deberá suspenderse y no se dicte auto de apertura a juicio oral, hasta que se le notifique la resolución que recaiga en el fondo del juicio de amparo”, detalla su resolución.
El caso de Enrique González guarda relación con un presunto convenio irregular con la Universidad Francisco I. Madero del estado de Hidalgo, en el cual se le atribuyó haber contratado ilegalmente servicios estadísticos que no fueron cumplidos, en perjuicio de la Sedatu por 185 millones 839 mil 480 pesos.
No obstante, tanto el ex subsecretario como al ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores, declararon que, en junio de 2017, cuando se enteraron de la existencia de los convenios, presentaron denuncias ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y en la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Fuente: Milenio
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