El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el pasado viernes en el Diario Oficial, atenta contra la certeza jurídica y libre competencia del sector y pone en riesgo inversiones por 30 mil millones de dólares.
En un comunicado, el CCE, en conjunto con la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, pidió por ello revocar el acuerdo.
Consideró que la medida es “una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano. A través de este instrumento, la Secretaría de Energía (Sener) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”.
Argumentó que el acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos, lo que representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México.
Ello causaría graves consecuencias para el país, como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
La iniciativa privada indicó que la medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional.
“No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”.
Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener lo que consideró “esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.
El sector privado dijo –incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía– que agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de derecho en México y defender al sector energético como motor de desarrollo del país.
Fuente: 24 Horas
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