El Sistema de Administración Tributaria (SAT), por orden presidencial, comenzó a convocar a las empresas que tengan adeudos para saldarlos, y para quien se niegue a hacerlo, se procederá legalmente, especialmente contra 15 grandes contribuyentes que deben 50 mil millones de pesos.
Estos adeudos al fisco incluyen multas y recargos, y es parte de las razones del gobierno federal para no otorgar a las grandes empresas el “respiro” o “tregua” fiscal que buscan ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista una carta al dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, para que le ayude a cobrar los recursos.
“No podemos diferir el pago de impuestos; al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero. Le voy a mandar la lista, porque si nos pagan tendríamos recursos para apoyar Pymes”, dijo.
El martes, Salazar Lomelín propuso, ante la indiferencia del gobierno, crear una red de salvación entre las propias empresas, lamentando que se les haya cerrado la puerta a un posible acuerdo.
“Yo entiendo que él, Carlos Salazar, está en su papel de defender a su gremio, pero ojalá y también él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo de México, de todos”, sostuvo.
En la mañanera, el mandatario explicó que al momento de solicitar una tregua en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las Pymes, se corre el riesgo de incluir a todos, beneficiando a los incumplidos.
“¡Imagínense! si se nos cae la recaudación y no tenemos para apoyar a los pobres, por eso mejor lo que estoy planteando. Te voy a mandar la carta de los que adeudan para que nos ayuden a convencerlos, hay 15 grandes contribuyentes que, incluyendo multas y recargos, deben -según el SAT– 50 mil mdp”, reiteró.
Rechazó que exista un rompimiento con la Iniciativa Privada, pues hay una comunicación permanente, incluso asisten a Palacio Nacional y puso como ejemplo la reunión del martes con empresarios de Monterrey, en la que se acordó con el dueño de Maseca, Juan Antonio González, no aumentar el precio de la harina a fin de que tampoco suba el kilo de tortilla.
“No hay diferencias de fondo. Puede haber politiquería, porque acuérdense cuando el movimiento feminista, cómo se volvieron de la noche a la mañana feministas los conservadores, y luego con esta epidemia también se volvieron especialistas y ahí están”, expuso.
Fuente: Heraldo de México
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