El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este miércoles que se debe hacer una consulta sobre el tema de subcontratación, también conocido como outsourcing, y puntualizó que el Senado debe resolver este tema, esto después de que se pospuso la discusión en el Pleno del dictamen al respecto.
«Creo que lo debe de resolver el Senado, se tienen que poner de acuerdo, primero, escuchar a todos los involucrados, los que están a favor y en contra, escucharlos. Que se lleve a cabo una consulta (…) El Ejecutivo no tiene una postura definida sobre esto, o lo que proponemos es esta consulta y que con absoluta libertad, como debe de ser, el Senado resuelva», comentó.
El martes, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, pidió a través de una carta a la Mesa Directiva que la discusión del dictamen fuera pospuesta para ser analizado en Parlamento Abierto.
Esto ocurrió horas después de que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado dieran ‘luz verde’ al dictamen que busca eliminar el outsourcing ilegal mediante el cual se evaden más de 500 mil millones de pesos.
El presidente consideró que deben ser convocados tanto el sector empresarial como el sector obrero, así como especialistas y ciudadanos. «Es una opinión respetuosa. Y después de eso, que sean los senadores, de manera libre, los que decidan», apuntó.
El dictamen tiene el objetivo de diferenciar el outsourcing ilegal de aquellos servicios lícitos que la ley permite, lograr la tutela efectiva de los derechos laborales de los trabajadores y evitar que los empleadores utilicen medios de simulación de contratos distintos al laboral o la denominación diferente para luego negar la existencia de una relación laboral y sustraerse de la obligaciones legales.
Además, se busca dar respuesta a los vacíos jurídicos que genera la indefinición del outsourcing ilegal provocando traición a las leyes laborales, de seguridad social y de carácter fiscal, lo que genera afectaciones económicas y de carácter social.
El lunes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la reforma es inconstitucional y preocupante, pues esta tendría consecuencias gravísimas para la economía del país, además de que, señaló, pone en riesgo la inversión nacional y extranjera.
Fuente: El Financiero
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