El pasado 25 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ‘no descarta’ la desaparición del Coneval debido a que lo considera un organismo “oneroso y sin beneficio”.
Ante dicha declaración, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks aseguró que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social resulta vital por evaluar la política social y medir la pobreza en el país.
Mediante un comunicado expuso que a través del Coneval se ha dado una orientación técnica a la política social, dirigida a resultados, minimizando el uso político y los márgenes de discrecionalidad de quienes la ejecutan.
“Por ello, su autonomía y su funcionamiento son cruciales para la administración pública”, sentenció.
Romero Hicks aseguró que la posibilidad de que el Inegi absorba las funciones del Consejo Nacional “es bastante objetable” porque las tareas de ambos son esencialmente distintas y “no es lo mismo producir información que procesarla”.
“Con estas acciones corremos el riesgo de regresar a esas épocas en las que había tantas mediciones de pobreza que los gobiernos escondían su ineficacia en esta confusión, por lo que la desaparición del Coneval abre la puerta a diversos riesgos, donde el mayor de ellos es la politización de la política social”, sentenció el panista.
De acuerdo con el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el mensaje que envía López Obrador es que “no le gusta que lo evalúen con bases científicas; que poco entiende de la importancia de la información y que solo le interesa aumentar sus clientelas políticas”.
Fuente: Staff
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Lo cierto es que el CONEVAL no siempre hizo evaluaciones reales, una experiencia personal es que evalúa al municipio donde provengo (San Juan Tepeuxila, Cuicatlán, Oaxaca), como un municipio de los más pobres del país, cuando quienes conocemos la entidad, incluso otras entidades de nuestro país, sólo decimos: ¿qué es lo que mide esta institución?, ¿cuáles sus indicadores y parámetros?; la respuesta es: hay que crear condiciones para justificar "proyectos de desarrollo" como la minería. Es decir, es una institución que legitima una concepción de vida que en muchos casos es ajena a las comunidades, pero que justifica proyectos de despojo, así de sencillo.