El nuevo Gobierno local prohibió hace poco el uso de dinero en efectivo para pagar por servicios de viajes compartidos y agregó el requisito de que los conductores obtengan más licencias para ofrecer traslados.
Al igual que en muchas otras ciudades, sindicatos de taxistas llevan meses protestando contra Uber y otras compañías de transporte, alegando que han crecido de manera desproporcionada gracias a ventajas injustas como impuestos más bajos y menos requisitos para obtener permisos.
«Aún estamos evaluando el impacto de estas regulaciones, pero dichos requisitos operacionales, si se implementan sin modificaciones, podrían tener un impacto negativo en nuestro negocio», explicó la empresas en el documento.
«Nuestro incumplimiento de tales regulaciones puede resultar en la revocación de nuestra licencia para operar en Ciudad de México», advirtió la app.
Uber y algunos de sus competidores han permitido el uso de efectivo como alternativa de pago en mercados donde la penetración bancaria es baja, como es el caso de México. También acepta efectivo en Brasil, India y algunos países de Medio Oriente.
En 2018, los viajes pagados en efectivo representaron alrededor del 13 por ciento de sus reservas brutas globales, detalló el documento.
La compañía coopera con el Gobierno en otro frente. La plataforma acordó en noviembre unirse a un programa en el que retendrá los impuestos de socios que obtengan ingresos de sus servicios de transporte y entrega de alimentos.
Esta semana, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró a Bloomberg que la administración federal se prepara para anunciar el lanzamiento de un acuerdo fiscal con plataformas tecnológicas.
Fuente: El Financiero