A través de un comunicado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que se tienen indicios para suponer un posible abuso de poder de mercado “para desplazar indebidamente a otros participantes, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos» respecto a la industria del gas LP en el país.
Anunció que investigará el supuesto caso para así dar cumplimiento a la Ley Federal de Competencia Económica, y que dicha investigación ya fue anunciada y publicada en la edición de este martes del Diario Oficial de la Federación (DOF).
La investigación abordará las posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo (gas LP) en territorio nacional.
«Las prácticas monopólicas relativas son los actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan los agentes económicos con poder sustancial con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer ventaja», explicitó el organismo.
La Cofece recordó que el gas LP es el combustible más empleado en los hogares mexicanos.
«Por tanto, es necesario que las actividades de importación, almacenamiento, distribución y expendio al público se realicen en un entorno de competencia, pues de lo contrario esto podría tener efectos regresivos importantes para la economía de las familias mexicanas», destacó.
Indicó que si al término de la investigación, que se inició el 21 de enero, no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el pleno de la Cofece podrá resolver el cierre de expediente.
De lo contrario, en caso de que existan elementos objetivos que presuman una violación a la ley, quienes resulten responsables serán llamados a juicio para que presenten su defensa.
De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta 8 % de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta.
Y si personas físicas han participado directa o indirectamente, en representación o por cuenta y orden de las empresas en dichas prácticas, podrán recibir sanciones equivalentes a 200 mil veces el salario mínimo general, concluyó.
Fuente: Excélsior
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