El número de amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos se elevó a 2 mil 489 y están relacionados con 11 mil 576 empleados que buscan que no se le reduzca su sueldo, entre los cuales hay ahora funcionarios del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El estatuto impugnado establece que nadie puede ganar más que el Presidente, es decir, 108 mil pesos mensuales, como lo propuso el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el último corte de las demandas de garantías, de los 11 mil 576 quejosos, 402 son jueces, 540 magistrados, 3 mil 347 secretarios, 745 actuarios, 3 mil 381 oficiales y mil 499 externos, estos últimos de la Procuraduría General de la República, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Petróleos Mexicanos y del Instituto Politécnico Nacional.
Asimismo, de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Competencia, el Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Secretaría de Gobernación, y ahora del Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y el ISSSTE.
La mencionada ley permanece congelada porque Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió una suspensión a la minoría del Senado encabezada por el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quienes interpusieron una acción de inconstitucionalidad.
El pasado 7 de diciembre, el ministro admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad.
El acuerdo del ministro provocó las reacciones de Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena también en el Senado de la República, quienes se pronunciaron en contra de la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, mismas que después impugnaron a través de un recurso de reclamación.
De igual manera, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Cámara de Diputados promovieron recursos de reclamación, los cuales son estudiados por el ministro Javier Laynez Potisek, quien determinará si es fundado el recurso que reclama la suspensión.
Fuente: Milenio
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