El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exvicepresidente español, Rodrigo Rato, entró hoy a la prisión de Soto del Real (Madrid) para cumplir una condena de cuatro años y seis meses por el delito continuado de apropiación indebida.
El que fuera “número dos” de los gobiernos de José María Aznar (1996-2004) se le confirmó la sentencia por parte del Tribunal Supremo de España el pasado 3 de octubre, al caso conocido como “Tarjetas Black” en su gestión en Caja Madrid-Bankia.
“Acepto mis obligaciones con la sociedad, asumo los errores que haya podido cometer; pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que hayan podido sentirse decepcionadas o afectadas”, dijo Rato a los medios de comunicación a su entrada a la prisión.
“En nombre mío y de mi familia agradezco a amigos y familiares que nos han apoyado estos días”, dijo.
El alto tribunal ratificó el 3 de octubre la sentencia de febrero de 2017 de la Audiencia Nacional contra él y otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de la caja de ahorros, que se beneficiaron de estas tarjetas.
Se trata de exejecutivos y exconsejeros de la entidad financiera entre los años 2003 y 2012, en los que hay representantes de partidos políticos, sindicatos y un exjefe de la Casa Real.
Rato asumió la Presidencia de Caja Madrid en enero de 2010, en plena crisis económica, encabezó su transformación en el banco Bankia en diciembre de ese año, y dejó el cargo en mayo de 2012 ante la inminente situación de quiebra de la entidad.
Tras la nacionalización de Bankia (anteriormente Caja Madrid) el nuevo equipo gestor desveló en 2012 que los anteriores consejeros de la entidad utilizaban unas tarjetas que se les concedió para gastos personales, sin que fuera parte de su contrato y sin necesidad de justificar.
El alto tribunal dio por acreditado el gasto de más de 12.5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, “con el uso personal de los plásticos a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la caja extinta”.
Las penas oscilan entre los cuatro meses y los cuatro años y medio (la de Rato), y se incluyen como atenuantes los casos de algunos que devolvieron el dinero gastado (a la propia entidad o a la justicia).
Fuente: Crónica
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