El Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó la candidatura del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en una audiencia que se prolongó por más de seis horas, un día antes de que la televisión inicie la transmisión de propaganda sobre la elección de octubre próximo.
Cuatro de los siete magistrados se pronunciaron en contra, con lo que quedó vetado de participar en la elección.
El juez instructor del grupo que analiza el caso, Luis Roberto Barroso, fue el primero en votar contra la aspiración del abanderado del Partido de Trabajadores (PT) al señalar que ya fue condenado y que no cuenta con una ficha limpia.
La ley que establece contar con un expediente limpio fue aprobada por el tribunal, en el segundo mandato de Da Silva, quien fue inhabilitado por ocho años; de acuerdo con sondeos Luiz Inácio tiene casi 40 por ciento de las preferencias del voto, mientras que su más cercano adversario alcanza apenas 20 por ciento.
Por lo anterior, el también juez de la Corte Suprema llamó a dar un plazo de 10 días al partido que lo postula para que nombre a un candidato sustituto, que de acuerdo con medios locales, podría ser el exalcalde, Fernando Haddad.
El Dato: El potencial reemplazo de Lula, Fernando Haddad, es acusado por la Fiscalía de recibir recursos indirectos para su campaña de reelección como alcalde de Sao Paulo.
Durante el proceso, los abogados de Luis Inácio exhortaron a los jueces a respetar la decisión emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que pidió a Brasil que permitiera a Lula da Silva “ejercer sus derechos políticos mientras está en prisión”.
La defensora, Claudia Bucchianieri, indicó que el resultado del tribunal “marcará la historia del derecho brasileño”.
Sin embargo, aún les quedan dos salidas; la primera es apelar la decisión ante los tribunales de justicia y el Supremo, mientras que la otra opción que le queda es aceptar el veredicto y respaldar al candidato que elija el partido.
Fue en marzo de este año que la justicia brasileña ratificó la condena de 12 años en prisión, en contra el exmandatario por presuntamente haber aceptado un departamento como soborno para otorgar licitaciones a empresas, hecho que el exmandatario ha negado en varias ocasiones.
Fuente: La Razón
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