La bancada de Morena presentó este martes ante el pleno del Senado la iniciativa para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que reglamenta a la institución, su funcionamiento y atribuciones, y delinea el proceso para nombrar a su titular.
El proyecto expuesto en tribuna por la senadora Olga Sánchez Cordero obliga a la Fiscalía a rendir cuentas periódicamente, da al fiscal la posibilidad de crear “unidades” especiales para perseguir el delito y crea espacios técnicos para la participación de la ciudadanía.
Los principios rectores de los que adolecía la PGR y que han sido exigencia de las víctimas y la sociedad civil son autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad
«Una novedad que se encuentra en la iniciativa que hoy presentamos es la flexibilidad en la investigación y en la persecución penal; es decir, se eliminan, de una vez por todas, la rigidez con la que se desarrollan actualmente las investigaciones, dotando los equipos de investigación de recursos humanos multidisciplinarios, atendiendo al fenómeno delictivo investigado”, explicó.
La próxima secretaria de Gobernación dijo que la iniciativa da a la Fiscalía “los principios rectores de los que adolecía la PGR y que han sido exigencia de las víctimas y la sociedad civil”.
Además de la Fiscalía General, el documento establece que habrá cuatro fiscalías más: la de Derechos Humanos, la de Delitos Electorales, la de Combate a la Corrupción y la de Asuntos Internos.
Se contará con fiscalías especializadas y una coordinación de Investigación y Persecución Penal.
«Será obligación del fiscal general de la República presentar al inicio de su gestión a este Senado y a la sociedad en general un plan de persecución penal, cuyas directrices serán orientar a las atribuciones institucionales, considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal”, señaló Sánchez Cordero.
El plan del fiscal también debe incluir un análisis de la situación de la incidencia delictiva relacionada con los fenómenos criminales; y deberá contar con metas de corto, de mediano y de largo plazo priorizando las políticas de atención a víctimas.
«A través del Consejo Técnico, que estará integrado por cinco ciudadanos expertos en procuración de justicia, en derecho penal, en fenómenos delictivos, entre otras disciplinas y en ciencias penales, la sociedad civil organizada podrá dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del plan de persecución penal que presente el fiscal general”, expuso.
Fuente: Excélsior
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