El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, informó que se tienen varias líneas de investigación respecto al asesinato de Margarito Díaz González, defensor de sitios sagrados del pueblo huichol.
Hay varias líneas de investigación, era un activista social en defensa de los centros ceremoniales, esa puede ser una; también hay líneas de investigación relacionadas con sus relaciones del tipo personal, familiar; también líneas de investigación relacionados con la gente, con la que él se relacionaba en la misma comunidad, pero estamos atendiendolas todas”, explicó el funcionario.
Fue el pasado 8 de septiembre cuando Díaz González fue asesinado en su domicilio en la comunidad de Aguamilpa del municipio Del Nayar.
Lo que refieren o lo que advierten las primeras investigaciones, es que el activista huichol se encontraba dormido en su domicilio, cuando un sujeto lo abordó.
Lo ubican como un mestizo, por el tono de voz y la manera en la que se conducía, le preguntó a Margarito sobre el baile que se realizaba en el poblado de Aguamilpa y al contestarle le pone en su cara una linterna, lo cual impide ver a la persona que con una pistola calibre 9 milímetros lo priva de la vida, encontrándose en el lugar solamente un casquillo”, detalló el funcionario.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán, señaló que se recibió una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue aceptada en sus términos.
Hemos recibido una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual fue aceptada en sus términos, hemos estado combinando los esfuerzos con lo que respecta a la Fiscalía General del Estado para efecto de que se cumpla”, señaló el fiscal.
Asimismo, la Fiscalía ha girado instrucciones al secretario de Seguridad Pública a efecto de que de protección a la familia y a otras personas que pueden estar en el activismo de pueblos originarios.
También se giró instrucciones a la Comisión Estatal de Víctimas para efecto de que incorpore como víctimas a la familia y también a los organismos defensores de los pueblos originarios.
El fiscal indicó que el defensor de los derechos de los pueblos originarios no había recibido amenazas previas.
Fuente: Excélsior
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