La PGR no ha investigado a fondo el caso Tlatlaya, denuncia el Centro Prodh; un juez ordenó corregir elementos para fincar responsabilidades.
El juez decimocuarto de distrito en materia de de amparo en materia penal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar las diligencias pertinentes para esclarecer el caso Tlatlaya.
El 30 de junio de 2014, 22 personas murieron en una bodega de San Pedro Limón, Estado de México, tras un enfrentamiento entre un grupo criminal y militares.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que de acuerdo con el juez, la PGR «no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva».
Señaló que la dependencia federal debe realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad».
El fallo del juez se da en respuesta a un recurso que interpuso Clara Gómez González, testigo de la muerte de las 22 personas, incluida su hija y a quien el Centro Prodh acompaña jurídicamente.
«El testimonio de Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes fue resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables», indicó.
Dijo que la sentencia del 25 de mayo pasado indica que las autoridades deben realizar diligencias, analizar pruebas para identificar a los probables responsables, tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias.
De acuerdo con el comunicado, al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales reconoció que la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.
Fuente: Staff
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