Un juez federal concedió una nueva suspensión provisional a Juan Carlos Reyes García y Sergio Reyes García, que impide por el momento a la Procuraduría General de la República determinar la carpeta de investigación (judicializar o consignar) que inició contra estas personas, como parte de la pesquisa que se sigue contra empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien ha sido vinculado con Ricardo Anaya, candidato del PAN a la Presidencia.
El pasado 26 de febrero, la Procuraduría General de la República volvió a girar citatorios a los quejosos para que se presenten a declarar ante la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos deProcedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, que depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; sin embargo, cuentan con suspensión.
Juan Carlos Reyes es dueño de la empresa Master Plan Development, que supuestamente le compró una bodega en un parque industrial a Ricardo Anaya.
Patricio Leopoldo Vargas, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó la medida cautelar a Juan Carlos y Sergio Reyes, después de que estos impugnaron el acuerdo ministerial del pasado 26 de febrero, emitido en la carpeta de investigación UEIORPIFAM/979/2017, así como el citatorio expuesto en la citada carpeta de investigación, a efecto de que comparezcan ante la autoridad responsable.
En ambos juicios de amparo, el juez señaló que la suspensión provisional tiene el efecto para la autoridad ministerial responsable no determine la carpeta en contra de los quejosos,»siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público; ello, hasta que se resuelva la suspensión definitiva, lo cual no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración de la misma».
«La medida suspensional decretada se justifica, en virtud de que el acto reclamado incide en el ejercicio de su derecho de defensa», detalla el acuerdo.
El pasado miércoles, el juez Patricio Leopoldo negó a conceder una suspensión definitiva a Manuel Barreiro, medida que permite a la Procuraduría General de la República determinar la carpeta de investigación que inició contra el empresario, que presuntamente trazó un esquema para triangular recursos que supuestamente se hicieron llegar a Ricardo Anaya.
Fuente: Milenio
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