Tras meses de espera y deliberaciones, el Gobierno de Donald Trump anunció finalmente este domingo su plan de infraestructuras. El objetivo global es ambicioso pero la aportación de la Administración federal es modesta, alejada de las propuestas grandilocuentes del presidente. La Casa Blanca aspira a movilizar 1,5 billones de dólares en inversión en infraestructuras en los próximos años pero Washington solo aportaría 200.000 millones. El objetivo es que la contribución federal incentive la inversión local y estatal en renovar la red de infraestructuras.
El mal estado de muchas infraestructuras es una de las mayores anomalías de la primera potencia mundial. Durante la campaña electoral, el republicano Trump utilizó esa realidad para dibujar un país en decadencia y prometió revertirlo con un gran plan de estímulo en obra pública, como en carreteras o aeropuertos. Su propuesta le asemejaba más al ideario demócrata, que favorece la expansión del gasto público, que al republicano. De hecho, su predecesor, el demócrata Barack Obama, aspiró a renovar las infraestructuras estadounidenses, por ejemplo promoviendo conexiones ferroviarias de alta velocidad, pero chocó con la reticencia del Congreso.
Ahora la Casa Blanca aspira a lograr un acuerdo bipartito, lo que sin duda será complicado dado el distanciamiento entre Trump y los demócratas. La solicitud de los 200.000 millones está incluida en la propuesta de presupuesto federal para el año fiscal 2019 que Trump enviará el lunes al Congreso, donde los republicanos ostentan la mayoría. Esa cantidad se compensará con el recorte de otras partidas, según explicó, sin entrar en detalles, un alto cargo de la Administración en una conferencia telefónica con periodistas.
“El sistema actual está fundamentalmente roto”, dijo el alto cargo. “Estamos invirtiendo por debajo de lo que debemos en nuestras infraestructuras y tenemos un sistema de permisos que tarda demasiado. Inclusos cuando se tienen los fondos, se puede tardar una década en construir una infraestructura importante”.
El objetivo de la Casa Blanca es que sean los gobiernos locales y regionales los que tomen la iniciativa. Se creará un mecanismo por el cual la Administración federal podría igualar la inversión inicial que haga un Estado en una obra pública, de manera que la cantidad de fondos se duplicaría. También se prevé dar un impulso a las renovaciones de infraestructuras en zonas rurales.
Al margen de los detalles económicos, el otro pilar de la propuesta es reducir notablemente el proceso de licitación y construcción de una obra pública para que no pueda superar los dos años. Eso se haría a costa sobre todo del proceso de análisis medioambiental. La Casa Blanca aspira a que menos agencias federales participen en las distintas fases de aprobación de un proyecto y que se delegue más a los gobiernos regionales, lo que sin duda alimentará el temor de grupos políticos y ambientalistas sobre el riesgo de que se rebajen los estándares de protección.
Fuente: El País
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