Al repudio internacional que suscitó el régimen que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela se ha sumado el de los jerarcas católicos de aquel país, luego de que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) manifestara su “preocupación y dolor” tras el asesinato del piloto rebelde Óscar Pérez.
A través de un comunicado de prensa, la Comisión de Justicia y Paz de la CEV denunció “la horrible masacre”, las cuales, menciona el texto, evidencian “las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares” de Venezuela.
Esto luego de que el lunes pasado (15 de enero) fuera abatido Oscar Pérez y cuatro de sus compañeros de lucha, quienes fueron abatidos en un operativo que incluyó el uso de artillería pesada y francotiradores del Ejército de Venezuela, pese a que los rebeldes se habían rendido.
Ante ello, la Conferencia Episcopal Venezolana señaló que “este acto (de la autoridad venezolana) nos pone ante la degradación e irrespeto de la dignidad y los derechos humanos atinentes a cualquier persona”.
Por lo que las autoridades eclesiásticas exigieron que se investiguen y expliquen “la falta de resolución pacífica de conflicto frente a un caso de solicitud de entrega, la ausencia de fiscales en el procedimiento, y la utilización de grupos civiles armados”.
Como parte de su reclamo de justicia, la CEV exige que el Estado, representado por Nicolás Maduro, investigue con la mayor prontitud y objetividad los hechos violatorios a los Derechos Humanos.
E hicieron un llamado a distintas instancias y Poderes para que les sean entregados los restos de los rebeldes abatidos, a sus familiares, “evitando la cremación, sin autorización de estos, para determinar la causa de la muerte, recordando que según la ley, ningún fallecido en circunstancias violentas puede ser cremado, menos aun cuando se trate de un homicidio porque en un futuro podrá ser exhumado”.
También exigen que los Tribunales garanticen las evidencias del operativo para llegar a conocer la verdad, y a los Poderes Públicos “que recuerden el deber que tienen de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, transparente, autónoma e independiente.
Finalmente el episcopado de Venezuela hizo un llamado a la ciudadanía para que no se acostumbre a la “multiplicación de los casos de muertes no aclaradas ni investigadas, a la barbarie…”.
Cabe señalar que este comunicado se da en el marco de la persecución que ha iniciado el gobierno de Nicolás Maduro en contra de importantes jerarcas católicos.
Esto luego de que el domingo 14 de enero se ordenara la investigación de monseñor Antonio López Castillo y Víctor Hugo Basabe, obispos de la Diócesis de San Felipe, en el estado Lara, por supuestos delitos de odio.
El primer mandatario se refirió a las palabras de Basabe quien, el domingo durante la homilía de la Divina Pastora en Barquisimeto (Lara), calificó a las personas afectas al oficialismo como “peste”.
Durante su Memoria y Cuenta, Maduro pidió al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia evaluar las palabras de los obispos para determinar si constituyen delitos de odio.
Fuente: La Razón
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