PGR y el conflicto de interés. Por Maite Azuela

Contracorriente
Maite Azuela

 

 

Entre más complejos son los casos que debe investigar la Procuraduría General de la República, más urgente se hace la definición de los elementos mínimos que deben contemplarse para el diseño institucional de la Fiscalía General de la República.

Los legisladores del PAN instaron a la PGR a iniciar las investigaciones y tomar medidas cautelares para evitar que Emilio Lozoya se fugue del país. Por su parte, la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, advirtió: El procurador de la República podría caer en conflicto de interés al llevar el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, a quien se le acusa de recibir 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos.

La Constitución condiciona la instalación de la fiscalía y el nombramiento de la o el nuevo fiscal a la promulgación de su ley. Si la intención de los legisladores es dotar de autonomía a la futura fiscalía, un caso como el de Odebrecht cae como anillo al dedo para dimensionar la importancia del conflicto de interés.

En calidad de imputado, Lozoya tendrá garantía de audiencia y la carga de la prueba recaerá en la PGR. Es momento de establecer condicionantes explícitas que contemplen mecanismos de resolución alternativa cuando haya un posible conflicto de interés que se derive de vínculos evidentes en la trayectoria de los tomadores de decisión de la fiscalía y los presuntos delincuentes que serán investigados.

La figura del Órgano Interno de Control de la PGR depende de la Secretaría de la Función Pública y tiene muy limitadas facultades para dar seguimiento a las investigaciones que realizan las fiscalías. No existe ningún otro órgano responsable de evaluar la transparencia y sobre todo la eficiencia de las investigaciones.

Un proceso de selección abierto y competitivo con la definición de un perfil idóneo para nombrar al fiscal parece que no sería suficiente garantía de autonomía y rendición de cuentas frente a posibles casos de conflicto de interés. Así que la ley de la nueva fiscalía debería considerar el fortalecimiento de las facultades del Órgano Interno de Control, para que no dependa de criterios de comportamiento de otras instituciones vinculadas a los tres poderes y pueda evaluar el desempeño de sus funcionarios.

En unas semanas se discutirá la ley de la fiscalía, la oportunidad de dotar al país de una institución de procuración de justicia sólida y confiable se acerca.