El Gobierno venezolano ha intensificado en las últimas semanas el ritmo de las detenciones de líderes opositores. Esta escalada contrasta con la excarcelación de Leopoldo López, hace 10 días, que se interpretó como un gesto de distensión del régimen. Entre las nuevas víctimas del hostigamiento de Nicolás Maduro, que no está dispuesto a renunciar a las elecciones constituyentes del 30 de julio, figuran los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) Roberto Picón, Arístides Moreno o a Carlos Graffe.
La consulta popular llevada a cabo el pasado domingo por la oposición venezolana bajo el amparo de la Asamblea Nacional, que controla desde enero de 2016, fue una hazaña logística. Participaron 7,6 millones de ciudadanos en 14.000 mesas, y todo organizado sin recursos del Estado, sin publicidad y en apenas unos pocos días. Al final de la jornada, diversos voceros opositores reconocieron el logro, que, aunque debido a miles de voluntarios, adjudicaron a una persona en especial: Roberto Picón.
Picón, en realidad, está detenido en calabozos de organismos de seguridad del Estado desde la noche del 22 de junio. Entonces fue arrestado junto a otro asesor de la Mesa de Unidad Democrática (MUD, alianza opositora), Arístides Moreno —exviceministro en el segundo Gobierno (1989-93) del presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez—, en una residencia del este de Caracas, justo cuando iban a iniciar una reunión.
Picón es un ingeniero electrónico y empresario que, como jefe técnico de la MUD, no solo estuvo a cargo de los preparativos iniciales del plebiscito opositor, sino también de la reestructuración recientemente acordada de la alianza opositora, que incluye la reactivación del llamado G4 —el comité ejecutivo que agrupa a los cuatro principales partidos— con un esquema ampliado.
Según Maduro, Picón formaba parte de una conspiración para vulnerar las bases de datos y los sistemas de computación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en la actualidad organiza los comicios para elegir diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, que el Gobierno auspicia, el próximo 30 de julio. El caso de Picón —quien ha sido sometido a la justicia militar, bajo cargos como traición a la patria y rebelión militar— ilustra la escala represiva que el Gobierno de Maduro ha iniciado para garantizar el proceso constituyente.
Fuente: El País
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