El Gobierno de Venezuela negó hoy que haya confiscado una planta de General Motors (GM) en el país, explicando que lo ocurrido es el dictamen del juicio por un conflicto entre el fabricante y sus concesionarios, por lo que llamó a los propietarios a «dar la cara».
El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, indicó que no solamente es «absolutamente falso» que el Gobierno chavista confiscase la planta de montaje de GM en la ciudad de Valencia, sino que ésta, al igual que los demás fabricantes de vehículos, ha recibido un «tratamiento especial» para que reactive su producción paralizada desde 2015.
«El Estado venezolano reconoce la importancia de este sector, incluso a propósito de ese reconocimiento, ha puesto al servicio de las ensambladoras un conjunto de herramientas de financiamiento y otras formas de apoyo para que estas plantas reactiven y lleven a su máxima capacidad los niveles de producción», dijo en una entrevista con la televisión estatal.
GM anunció el pasado día 20 que cesará sus operaciones en Venezuela tras la «confiscación judicial ilegal» de su planta en ese país por parte de las autoridades venezolanas y anunció acciones legales contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
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