La Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el jueves una estricta norma que prohíbe las «ciudades santuario» en uno de los estados con más inmigrantes en Estados Unidos. La ley da mayor poder a la policía para imponer las normas federales sobre inmigración a cualquier detenido y amenaza con sancionar a jefes policiales y comisarios que se nieguen a hacerlo.
La votación del jueves, aprobada por 95 votos a favor y 54 en contra, se produjo después de 15 horas de un debate acalorado impulsado principalmente por los demócratas, que no tenían los votos necesarios frenar la norma.
El proyecto permitiría al estado retener los fondos a gobiernos locales que actúen como ciudades santuario, aunque los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para hacer lo mismo a nivel nacional se toparon con obstáculos judiciales.
Otros estados controlados por republicanos presentaron políticas similares en los últimos años, pero Texas será el primero donde los jefes policiales y otros funcionarios podrían enfrentar cargos de falta al deber y ser despedidos por no ayudar a aplicar la ley inmigratoria.
Una entidad que incumpla la ley podría estar sujeta a una penalidad civil de 1,500 dólares por una primera infracción y de 25,000 por cualquier reincidencia.
La norma es necesaria «para dar seguridad al público y retirar a gente mala de las calles», dijo el patrocinador de la norma, el representante Charlie Geren.
El término «ciudades santuario», municipios que se niegan a colaborar con las autoridades federales en cuestiones de persecución de personas que viven en Estados Unidos sin autorización_ no tiene una definición legal, pero los republicanos quieren que la policía local ayude a las autoridades federales como parte de una campaña mayor para reprimir a los presuntos delincuentes que se encuentran en el país de manera irregular.
Los demócratas, a los que se sumaron algunos republicanos, se opusieron vanamente al cambio. La conferencia episcopal católica de Texas tuiteó: «Estamos decepcionados porque la cámara aprobó averiguación policial de estatus legal durante detención, antes que arresto formal».
Fuente: Excélsior
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