Antimotines frenan marcha opositora en Caracas

Las fuerzas militares desplegaron hoy un dispositivo de seguridad en Caracas para detener una nueva manifestación de protesta contra el presidente Nicolás Maduro, mientras el oficialismo se concentró en el centro de Caracas para manifestar su apoyo al Gobierno bolivariano.

Agentes antimotines impedían con gases lacrimógenas el avance de manifestantes opositores hacia el centro de Caracas, quienes les respondían con piedras, en un nuevo brote de violencia en las protestas que dejan en un mes una treintena de muertos.

Las fuerzas de seguridad lanzaban también chorros de agua al grupo de jóvenes que, con el rostro oculto con capuchas y pañuelos, y algunos con máscaras antigases, intentaban pasar la barrera en la autopista Francisco Fajardo, en el este de Caracas.

En la continuación de las protestas, que en tres semanas han dejado 30 muertos y casi 500 heridos, la oposición llamó a marchar hacia la Defensoría del Pueblo, un lugar que ha sido prohibido por las autoridades.

Se había convocado a los manifestantes a avanzar hacia el municipio Libertador, en el centro de la ciudad, en el sexto intento en tres semanas de alcanzar ese objetivo. Sin embargo, brigadas de la Guardia Nacional (policía militarizada) bloquearon todos los accesos al centro.

También fueron desplegados pelotones de soldados en las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante una eventual manifestación opositora.

Las calles adyacentes a la Defensoría fueron ocupadas por tropas de la Guardia y carros blindados del cuerpo, en un amplio despliegue de fuerza.

El objetivo de la oposición con la marcha hacia la defensoría es exigirle a su titular, Tarek William Saab, que inicie un proceso contra los magistrados del TSJ que firmaron dos sentencias que despojaron a la Asamblea Nacional (Congreso) de sus facultades legales, lo cual fue calificado por los diputados como un golpe de Estado.

Aunque los fallos fueron retirados parcialmente, el Asamblea insiste en la destitución de los magistrados.

Fuente: La Jornada