La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que acudió hoy a declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho, negó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una «maniobra político-judicial» contra ella.
La exmandataria, acusada junto a sus hijos y varios empresarios de la obra pública de delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, acudió a los tribunales federales de Buenos Aires citada por el juez Claudio Bonadio y, aunque no declaró ni contestó preguntas, presentó un escrito y se marchó sin dar declaraciones a la prensa.
Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza», remarcó la exmandataria en el texto entregado a Bonadio, que divulgó a través de sus cuentas en las redes sociales.
En el extenso escrito, titulado ‘De la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional’, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), reitera que se siente objeto «de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes» en el país.
Al menos en los periodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última», asevera Fernández, que se encuentra imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
El expediente por el que fue citada hoy investiga si la inmobiliaria Los Sauces se dedicaba a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias.
Los contratos de alquiler (…) pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero. Tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa», asevera la ex jefa de Estado.
Se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos reales de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario», subraya, Fernández, quien reclama tener derecho a ser juzgada por un juez imparcial.
En su opinión, se trata de una circunstancia «que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa, como es de público y notorio».
Solo las presiones que desde el Poder Ejecutivo se ejercen sobre los jueces (…) han permitido que V.S. continúe al frente de esta causa y como titular de este Juzgado», sentencia en el escrito presentado a Bonadio.
A esta altura ya tenemos dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas: contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública. Un verdadero escándalo jurídico y político», reprocha Fernández.
Fuente: Excélsior
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