La Asamblea General de la ONU adoptó la resolución A/S-30/L.1, la cual establece que los países aceptan que el problema de las drogas sigue planteando retos para la salud, seguridad y bienestar de la humanidad.
Resolvieron —tras un intenso debate en torno a la pena de muerte que aplican algunos países como castigo a delitos relacionados con drogas ilícitas— redoblar sus esfuerzos a nivel nacional e internacional para combatir a los grupos criminales, pero al mismo tiempo implementar acciones de atención al individuo y su comunidad.
En el documento adoptado, las Naciones Unidas reconocen la importancia de incorporar adecuadamente las perspectivas de género y de edad en los programas y políticas públicas relacionados con las drogas.
Plantea siete “recomendaciones operacionales” sobre la reducción de la demanda de estupefacientes y medidas conexas, incluida la prevención y el tratamiento.
La primera advierte que la ONU se compromete a promover la salud y el bienestar de las personas, familias y comunidades y la sociedad en general, y de facilitar modos de vida saludables mediante iniciativas de reducción de la demanda eficaces, amplias y basadas en datos científicos, a todos los niveles.
La segunda recomendación propone el compromiso de los países de mejorar el acceso para fines médicos y científicos a las sustancias fiscalizadas, “eliminando de manera adecuada los obstáculos que lo entorpecen”, evitando al mismo tiempo su desviación, uso indebido y tráfico.
La tercera medida adoptada gira en torno a que las naciones reiteran su compromiso de proteger a las personas, las sociedades y las comunidades, y garantizar su seguridad intensificando sus esfuerzos de prevención y lucha contra el cultivo, producción y fabricación y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
La quinta acción se refiere a “hacer frente a las nuevas sustancias sicoactivas, los estimulantes de tipo anfetamínico, incluida la metanfetamina, la desviación de precursores y preprecursores y el uso para fines no médicos y el uso inadecuado de los productos farmacéuticos que contienen estupefacientes y sustancias sicotrópicas”.
La sexta se refiere al compromiso de apoyar los esfuerzos a todos los niveles, “con arreglo al principio de la responsabilidad común y compartida, a fin de abordar y contrarrestar con eficacia el problema mundial de las drogas e intensificar la cooperación internacional”. La séptima es velar porque las seis anteriores se cumplan.
La resolución plantea que los Estados de tránsito continúan enfrentando múltiples retos, por lo que “reafirmamos la continua necesidad de prestarles cooperación y apoyo, incluida asistencia técnica, a fin de aumentar su capacidad para abordar y contrarrestar eficazmente el problema”.
Fuente: El Universal
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