Ante el alud de reclamos por la crisis del aparato de procuración e impartición de justicia, urgían respuestas; la Procuradora General de la República Arely Gómez ofrece las primeras…
Tras dos semanas incómodas bajo la lupa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de la ONU sobre el tema, la titular de la PGR subió a la tribuna del Senado y anunció medidas para atender las recomendaciones de los expertos internacionales.
Como lo advirtió el Alto Comisionado de la ONU –Zeid Ra’ad Al Hussein– el negro catálogo de violaciones a los DDHH incluye a miles de mexicanos golpeados por el narco, la trata de personas, el abuso infantil o el despojo de tierras de comunidades indígenas a manos de grandes corporaciones arropadas por la complicidad de autoridades corruptas.
Lo dicho por la procuradora Arely Gómez apenas ayuda a salir del paso a corto plazo. Aún falta la respuesta del Gobierno Federal a las cuatro recomendaciones del Comisionado de la ONU: 1. establecimiento de plazos para sacar al ejército de las calles; 2. fortalecimiento de todas las procuradurías del país; 3. mejoramiento y la capacitación de cuerpos de seguridad en el uso legal de la fuerza; 4. procesamiento de reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, desaparición forzada, tortura y corrupción.
Mientras, el Presidente de la República habrá de seguir comiendo sopa de sapos.
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