La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vino a mover el tapete al Gobierno Federal. Cinco días bastaron a la plana mayor del organismo internacional para constatar lo que todos sabíamos: México vive una severa crisis de Derechos Humanos.
El diagnóstico de la CIDH caló profundo en las instituciones de seguridad y justicia… y al Subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, le tocó bailar con la más fea.
En una postura –por momentos bipolar– el responsable de los Derechos Humanos ha salido a descalificar los trabajos de la CIDH, pero al mismo tiempo, a garantizar plena colaboración del Gobierno con los visitantes incómodos.
Campa tiene razón al advertir que todo México no es Iguala… el asunto más escandaloso que enfrenta el régimen peñanietista.
De hecho, la CIDH reconoce avances legislativos en materia de aplicación de la justicia. El reporte califica de positivas medidas como el nuevo Sistema de Justicia Penal; la integración del Código Federal de Procedimientos Penales, la nueva Ley de Amparo, el Plan Nacional de Derechos Humanos y los mecanismos de protección a periodistas y activistas.
El problema es que esas leyes de vanguardia por sí mismas no resuelven los problemas de fondo; la legislación electoral es un buen ejemplo.
De nada sirve la normatividad si no se aplican reglamentos y leyes secundarias. No es gratuito el penúltimo lugar de nuestro país en la tabla del Índice Global de Impunidad.
El Gobierno federal puede argumentar con sustento lo mucho que se ha escrito en el papel, pero no puede ocultar que estamos lejos del verdadero Estado de Derecho.
Emilio Álvarez Icaza –Secretario Técnico de la CIDH– al irse parece regalarnos una frase con fuerte olor a azufre: “entre tu y yo no hay nada personal” (como aquella telenovela)…
EL MONJE LOCO: Canal 11 y Canal 22 estrenan directores. Jimena Saldaña y Ernesto Velázquez –respectivamente– tienen la misión imposible de navegar en el mar de la pobreza extrema. Con mínimo presupuesto y recortes inevitables, habrán de hacer milagros ante la imposibilidad de recurrir a patrocinadores y anunciantes que suelen verse amenazados por el veto de las dos grandes cadenas nacionales en cuanto dan señales de apoyar a la televisión cultural mexicana. ¿Sería mucho pedir a Hacienda que al menos parte de los 1 mil 808 millones de pesos pagados por Grupo Imagen por la tercera cadena de TV, y los 415 de la multa pagada por Grupo Radio Centro en su fallida aventura por la cuarta, fueran canalizados al 11 y al 22?