En Iguala se han localizado 60 fosas clandestinas; suman 129 cadáveres

La PGR aclara que la cifra real puede ser mayor. Al 13 de julio solo se habían identificado a 16 de las personas enterradas

Las autoridades mexicanas han localizado al menos 60 fosas clandestinas con 129 cadáveres en el municipio de Iguala desde la desaparición de 43 estudiantes normalistas en esa localidad del estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014, cuyo destino todavía es incierto.

Según los datos conseguidos mediante una solicitud de información al gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que, en ocho meses, de octubre de 2014 a mayo de 2015 ‒ambos incluidos‒, se localizaron en Iguala 60 enterramientos clandestinos con 129 cuerpos en total, pero se aclara que la cifra real podría ser mayor.

“Los datos reportados representan únicamente la intervención del personal especializado en asuntos relacionados con fosas clandestinas, aclarando que no en todos los casos de fosas intervienen los peritos de esa unidad administrativa”, indicó la Procuraduría (fiscalía).

De los 129 restos localizados en todos los enterramientos señalados, 92 eran de hombres, 20 de mujeres y el resto sigue sin determinar o en proceso de valoración.

De acuerdo con la información proporcionada por la PGR, a fecha 13 de julio solo se tenían datos de haber identificado a 16 personas.

Tras la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa, grupos de policías comunitarios de Guerrero colaboraron con familias de víctimas y con las autoridades en la búsqueda de fosas clandestinas.

Ninguno de los restos hallados pertenecía a los estudiantes que, según la versión oficial, fueron quemados en un basurero en la vecina localidad de Cocula y sus restos esparcidos por el río San Juan.

Expertos nacionales e internacionales han cuestionado partes de la versión que los familiares de las víctimas no creen. El domingo, como todos los días 26 de cada mes desde el pasado septiembre, cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México encabezadas por los padres de los desaparecidos para reclamar justicia una vez más y exigir que las autoridades realicen operativos en busca de sus hijos.

Las desapariciones y asesinatos fueron algo habitual en Iguala durante los últimos años debido a la complicidad del crimen organizado, y en concreto el grupo Guerreros Unidos, con el alcalde del lugar, José Luis Abarca, y todas sus corporaciones de seguridad.

Según el informe presentado por el ombudsman el pasado jueves, 10 meses después, las condiciones de crimen, inseguridad, encubrimiento e impunidad que permitieron la desaparición de los 43 jóvenes todavía continúan.

Fuente: Excélsior