Para mantener la estabilidad macroeconómica con responsabilidad no basta ajustar el gasto público apretando el cinturón.
El gobierno se obliga a blindar las finanzas nacionales por varias razones:
Ante la realidad, Hacienda propone a la Cámara de Diputados un presupuesto “base cero”, sin referencia a años anteriores ni inercias históricas –sin vicios ni costumbres–.
Se meterá tijera a dos de cada diez programas gubernamentales de bajo impacto o duplicados para gastar sólo en lo indispensable. Ninguna dependencia oficial escapará a la guadaña.
De 1 mil 97 programas federales, 818 sufrirán recortes directos; 261 serán fusionados en 99. Esto significará reducir el presupuesto público en 259 mil millones de pesos –124 mil este año y otros 135 mil el que viene–.
Sin embargo, el presupuesto federal conlleva obligaciones de las cuales del Gobierno no podrá deslindarse: el pago de la deuda pública y sus intereses; los servicios públicos; las pensiones y jubilaciones o el sistema de seguridad social, que absorben la mayor parte del gasto público.
Recortar 21.71% –la quinta parte– del ejercicio fiscal tomará mucho tiempo de esfuerzo y sacrificio, traducido también en la pérdida de empleos burocráticos.
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