El peor enemigo del Estado no son los cárteles del crimen organizado. No. Es la falta de credibilidad.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido y el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, trabajan horas extra para convencer a la opinión pública de la actuación profesional – siempre apegada a derecho– de los elementos federales involucrados en la matanza del viernes en el rancho El Sol, entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, donde cayeron 42 probables delincuentes y un policía federal.
El problema es la canija duda en torno al operativo.
Todo lo dicho por los funcionarios federales –sin descartar la inquina de algunos profesionales del tiroteo anti gobiernista– se atora en la sospecha. La burra no era arisca… y el recelo no es gratuito, después de los excesos comprobados en Tlatlaya, Iguala y Apatzingán.
En la batalla de Tanhuato, fácil es creer en el cobro de facturas por el ataque perpetrado el 1º. de mayo por 250 sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación contra la Policía Federal, cerca de Guadalajara.
Resulta imposible no escuchar las voces de los testigos que denuncian el uso excesivo de la fuerza del Estado en la acción letal. Hay evidente distancia entre los dichos populares y la versión oficial. Por más que la autoridad se afane en difundir una verdad consistente, y se esfuerce en explicar los protocolos y métodos de acción, no resulta fácil aceptar la afirmación oficial.
La fuerza pública está obligada a actuar, vencer y convencer, sí, pero con respeto a los Derechos Humanos por razones legales, morales, históricas, políticas y de conveniencia práctica…
La CNDH ya se apresta a intervenir.
“Es normal que los criminales se porten como criminales. Pero es aberrante que para combatirlos, las fuerzas del Estado olviden quiénes son y se igualen en sus procedimientos”, critica el analista Héctor Aguilar Camín.
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