Aunque consideran necesario que los ciudadanos conozcan a sus abanderados
Los partidos políticos se resisten a que todos los candidatos y candidatas hagan públicos, en tiempo de campaña, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, y los exámenes de confiabilidad, que incluyen pruebas toxicológicas, pues argumentan que no son temas que la ley los obligue.
César Camacho Quiroz, presidente del PRI, comenta que no puede publicitar los datos de los exámenes de confianza porque la ley no lo permite, y que las declaraciones de patrimonio y de interés se hará “en el momento en que sea jurídicamente oportuno”.
“Antes de asumir el cargo para el que hayan sido electos, los candidatos y candidatas priístas habrán de hacer pública su declaración de intereses, para precaver de eventuales conflictos en el desempeño de sus funciones.
Por otro lado, agregó Camacho, los candidatos que deseen hacer públicos los resultados de los exámenes deberán manifestar su consentimiento al PRI.
Hasta la fecha, informó, el partido ha realizado 106 pruebas de control de confianza. De éstas, 58 corresponden a mujeres y 48 a hombres, 22 a candidatos a diputados locales y jefes delegacionales del Distrito Federal y 84 a candidatos a diputados federales.
Aunque dijo que es convicción del PRI participar en la plataforma de currículas del INE, sólo 6.8% de sus candidatos lo ha hecho.
Gustavo Madero, líder del PAN, dijo que está dispuesto a publicar información, pero aclaró que en zonas de riesgo lo mejor es no dar a conocer lo que poseen sus candidatos.
Martí Batres, presidente de Morena, subrayó que no es obligatorio revelar los perfiles de sus candidatos a través de la plataforma del INE.
El representante del Partido del Trabajo (PT) ante el INE, Pedro Vázquez, dijo que transparentar la declaración patrimonial de los candidatos, a través de una plataforma independiente, no es obligación por ley.
Hugo Eric Flores, presidente del Partido Encuentro Social (PES), dijo que es un deber de quien aspira a un cargo público transparentar los recursos con los que cuenta y “tenemos la certeza que este requisito se tiene que convertir en una obligación establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
Fuente: El Universal
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